miércoles, 4 de octubre de 2017

ASA Andalucía celebra una jornada sobre compliance en el sector del agua

La Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía) ha organizado, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la jornada ´El compliance y sus particularidades en el sector público´, una sesión celebrada en el Auditorio de CaixaForum Sevilla ante más de un centenar de personas. El objetivo: analizar y debatir en torno a una temática de gran interés para las empresas de numerosos sectores estratégicos, entre ellos el agua.


El presidente de ASA Andalucía, Pedro Rodríguez Delgado, acompañado en la mesa inaugural tanto por el director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador Martínez, como por la viceconsejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Isabel Mayo López, y el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recordado que el valor de la celebración de este tipo de encuentros reside en la "necesidad y conveniencia de propiciar jornadas útiles y efectivas para atender la creciente demanda y necesidades que manifiestan las empresas a la hora de contar entre sus normas internas con programas de cumplimiento penal en el desarrollo y ejercicio de su actividad".

En el ámbito de la responsabilidad penal, "se ahonda cada vez más, tanto en el sector público como en el privado, en la importancia y relevancia de implementar mecanismos de autorregulación y transparencia", ha señalado. De igual forma, "se aprecia una tendencia a incrementar y reforzar los controles de cumplimiento normativo por parte de las empresas en sus relaciones con las administraciones públicas", ha añadido Rodríguez. Por todo ello, "es cada vez más necesario y conveniente que el operador económico disponga de un programa eficaz de compliance penal. Resulta imprescindible comprender los principales riesgos inherentes a cada actividad" según la regulación aplicable y los mecanismos de control existentes. El análisis de este panorama, con interés y trascendencia en la actualidad y en los años venideros, "nos lleva a reunirnos aquí en torno a esta materia clave, en la que pretendemos profundizar a través del conocimientos, reflexiones y exposiciones de los especialistas que nos acompañan", ha concluido el presidente de ASA para dar paso al siguiente interviniente de la mesa inaugural.

Durante su intervención, la viceconsejera de Justicia e Interior, Isabel Mayo, ha señalado que "el compliance debe ayudar a construir sistemas preventivos sólidos contra las malas prácticas, y reforzar y mantener una cultura ética que mejore la imagen de nuestras organizaciones públicas, hoy tan denostada si atendemos al último barómetro del CIS de marzo de 2017 que sitúa la corrupción y el fraude como segundo problema principal en nuestro país". En el caso concreto de Andalucía, "el Gobierno andaluz impulsó la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que destaca por ser una ley de máximo respecto a la ley estatal, una herramienta que instaura un nuevo marco en las relaciones de la Administración autonómica con la ciudadanía, con la transparencia como elemento clave".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha dado por inaugurada la jornada, ha subrayado que "no se trata sólo de evitar la sanción penal de la persona jurídica, sino de promover una cultura de cumplimiento en la empresa, lo que debemos aprovechar desde el sector público como una oportunidad para mejorar la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía". En este sentido, Villalobos ha indicado que "desde el municipalismo, estamos convencidos de que el compliance mejorará, también, la transparencia, el buen gobierno, la participación y la rendición de cuentas. Con ello se evitarán conductas que deriven en riesgos penales pero también reputacionales".

Contextualización
Esta tendencia se remonta unos años atrás con la incorporación a nuestro sistema legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con motivo de la reforma del Código Penal operada a través de la Ley Orgánica 5/2010. A raíz de este gran cambio, empezaron a calar en la sociedad y sobre todo en el ámbito empresarial, los conceptos "compliance", "cumplimiento normativo" o "sistemas de cumplimiento", si bien, su expansión y desarrollo se alcanzó con la reforma del Código penal mediante la Ley Orgánica 1/2015 que pretendía poner fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, identificando exactamente y clarificando lo que debe incorporar un correcto sistema de debido control o prevención de delito en una empresa.
En este escenario, uno de los ámbitos de mayor riesgo y en el que deben extremarse las cautelas y las medidas de autorregulación y control es el de la contratación pública, tanto para los poderes adjudicadores, como -especialmente- para las personas jurídicas que contratan con ellos. Así, la aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo de tres nuevas Directivas, una referente a la adjudicación de contratos de concesión; otra sobre contratación pública; y la tercera relativa a la contratación que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, implica una nueva perspectiva del compliance penal, no solo como una herramienta para prevenir y luchar contra la corrupción, las actividades delictivas y las distorsiones de la competencia, sino también como un instrumento idóneo para la puesta a punto de las personas jurídicas que se disponen a participar y competir en el mercado operando en el sector público.
El interés que suscita la materia empieza a ser notable, ya que las empresas que tienen una presencia considerable en el mercado y cierto reconocimiento en su sector, están tomando nota de la importancia de contar entre sus normas internas con un Programa de Cumplimiento Penal, ya no sólo por las consecuencias punitivas sino también por el temido riesgo reputacional que una imputación o condena supone para el ejercicio normal de su actividad.
En suma, el objetivo principal de esta jornada, dirigida tanto a las administraciones como al resto de los poderes adjudicadores y a los operadores jurídicos que se relacionan con aquellos, en particular en el sector de aguas, es profundizar en la formación y debatir sobre una materia de especial actualidad y creciente preocupación. En un futuro cercano, puede ser requisito indispensable para contratar con la administración que el operador económico disponga de un programa eficaz de compliance penal.
Esta jornada formativa resulta por ello imprescindible para comprender cómo se va a desarrollar en el futuro el Compliance Penal en el sector público y en las empresas que establecen relaciones jurídicas con las Administraciones. En el marco de este foro se pretende "dar a conocer, de la manera más práctica posible, en profundidad y de forma actualizada, el régimen de responsabilidad penal de las empresas en sus relaciones con las administraciones, así como sentar las bases y directrices sobre las que debe basarse una verdadera cultura de cumplimiento normativo".

Para leer mas: 
 FUENTE: TECNO-ACUA

Busca Compliance

NOTICIAS