viernes, 29 de septiembre de 2017

Anticorrupción: “Popular dio información no real sobre sus cuentas cuando amplió capital”

Pide al juez que admita a trámite una treintena de querellas contra Ron, Saracho y el auditor PwC





Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente de la investigación abierta por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas; una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe de 2.505 millones de euros y otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

En el escrito en el que pide que se admita a trámite una treintena de querellas interpuestas contra los expresidentes del banco Angel Ron y Emilio Saracho y contra el auditor PwC, el fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Alega que para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que "no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad".

Advierte de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil" no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el "descrédito y la desconfianza" que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas "potencialmente perjudicados".

El fiscal denuncia que el banco puso en marcha una campaña de desprestigio a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, para hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios.


Por estos hechos Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.




No obstante el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España como su gobernador Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella o el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

En paralelo hoy mismo la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración,por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad.

Según ha explicado a los medios de comunicación el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la querella "abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra de Popular". "Adicae quiere defendera los pequeños accionistas ahorradores, no defiende a los grandes magnates inversores", ha explicado.



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