lunes, 23 de enero de 2017

Traición a la patria. Perú

Hugo Guerra/ Expreso . Perú. Tras conocer más detalles de la megacorrupción de Odebrecht, el Congreso debería modificar el Código Penal y tipificar el robo sistemático al Estado como un delito de traición a la patria, con cadena perpetua para quienes resulten responsables y para quienes, debiendo investigar lo ocurrido, incurran en negligencia gravosa.


Según informes de la justicia norteamericana, las prácticas delincuenciales de las empresas brasileñas abarcan los años 2004 a 2015, lapso al que deben circunscribirse las investigaciones, salvo que quiera hacerse una demagógica arqueología política.

Los contratos en dicho período suman los 17 mil millones de dólares e incluyen a Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queriroz Galvao, más –y esto hay que resaltarlo– las empresas peruanas asociadas. Ninguna de las locales puede argüir desconocimiento de la corrupción, pues eran coadministradoras de los fondos recibidos por el Estado, tenían acceso a los estados financieros y debían beneficiarse de las ganancias irregulares.

El latrocinio cruza transversalmente los gobiernos de Toledo, García y Humala, pero también el municipal de Susana Villarán y varios gobiernos regionales que hasta hoy no son examinados. Los responsables del cohecho destinaron dinero de todos los peruanos a recompensar –vía sobrevaluaciones y garantías de rentabilidad futura– a sus coimeadores; es decir que robaron de las arcas públicas. Por eso se configura la traición a la patria.

Entre tanto, la Fiscalía ha aceptado el esquema bribón de Odebrecht al llegar a un acuerdo económico miserable a cambio de información, en vez de inmovilizar las cuentas de la empresa, intervenirla fiscalmente, detener a sus representantes, impedir la transferencia de acciones y aplicar cláusulas anticorrupción de contratos en marcha que deben ser paralizados de inmediato.

Además, habiéndose demostrado que Maiman recibió dinero que puso a disposición de Ecoteva, se permite que Toledo salga impunemente del país. Lo mismo ocurre con Nadine Heredia, a quien se le permite abandonar el país, pese a que hay inclusive testimonios de su intrusión –junto a Humala– en la modificación venal del gasoducto sur. Otro tanto ocurre con Villarán, que no es detenida, aunque su esquema corrupto de contrato de los peajes esté llevando a revueltas populares. Y Olivera Vega facilitó el contrato de la Interoceánica sur, sin ser incluido en la investigación.
¿Incoherencias en la defensa del Estado, o mucha “agua” está pasando bajo los puentes del Ministerio Público, la Procuradoría, la judicatura y esa prensa cómplice que intenta encubrir la densa mafia de la corrupción? Estemos atentos.

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